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Qué pedimos

Lo que queremos es que los gobiernos, central y autonómicos, los ayuntamientos, las instituciones, las empresas y la sociedad en general, sepan que existimos, que somos muchos y que tenemos los mismos derechos que cualquier otro colectivo.



Queremos que se nos tenga en cuenta a la hora

de fijar cualquier tipo de plazos.

En la vida diaria todos nos enfrentamos continuamente a la dictadura del tiempo. Plazos… plazos y fechas límite para todo. Para hacer la declaración de la renta, para abrir la matrícula del instituto o la facultad, para inscribir a los niños en las guarderías, para solicitar subvenciones, para pedir pisos de protección oficial, para sellar la tarjeta del paro, para abrir una cuenta en un banco con determinadas condiciones… Incluso para participar en las promociones que encuentras cuando abres la tapa de un yogurt hay un plazo límite. Eso sí, te lo ponen con letra pequeñita para que no puedas leerlo.

En este panorama, los procrastinadores jugamos con desventaja precisamente por nuestra condición. Como casi nadie sabe qué es la procrastinación, es imposible que se nos reconozca como colectivo. Por tanto…

Pedimos a la sociedad:

  • Que comprenda que, si llegamos tarde o dejamos desatendida una obligación, no es porque queramos, sino porque somos víctimas de un mal que no hemos elegido.
  • Que sea consciente de que la mejor manera de ayudarnos no es crearnos más sentimiento de culpabilidad del que ya tenemos, sino siendo indulgentes y comprensivos.
  • Que nuestro mensaje se difunda y se haga público.

Exigimos a los gobernantes:

  • Que se introduzcan modificaciones en todos aquellos plazos ya establecidos, en las cuales los procrastinadores podamos beneficiarnos de la ampliación de plazos.
  • Que de ahora en adelante se legisle teniendo en cuenta la ampliación de plazos para todos aquellos que puedan acreditarse como procrastinadores a través de una certificación oficial.
  • Que se nos reconozca públicamente y se certifique nuestra condición de procrastinadores a través de diagnósticos médicos cualificados.
  • Que la procrastinación sea considerada una enfermedad laborar asociada al estrés.
  • Que la sanidad pública cuente con especialistas en nuestra patología.

Y por primera vez, no exigimos todo esto para mañana. ¡Lo queremos YA!